El asesinato de Andrea Vidal Gómez, excolaboradora del Parlamento peruano, destapó una presunta red de prostitución liderada por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional. Según las investigaciones, Torres contrataba mujeres bajo el pretexto de ser asesoras y organizaba reuniones donde ofrecía sus servicios a cambio de votos en el Congreso.
Torres, con antecedentes por violación en 2020, está siendo investigado por explotación sexual. El caso salpica a Alianza para el Progreso, partido con el que trabajó estrechamente. La víctima, despedida poco antes de su asesinato, habría sabido demasiado sobre esta red.
Este escándalo refuerza el desprestigio del Congreso, al que muchos ahora llaman un "burdel político". La indignación crece en redes sociales, mientras surgen revelaciones que vinculan a otros parlamentarios con estas prácticas.
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